Con el objetivo de promover la máxima autonomía y el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, el Gobierno regional, a través de la nueva Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), cuya ley de creación fue aprobada por la Asamblea de Madrid en febrero, va a crear un comité de ética o una comisión de participación para este colectivo.
Además, se pondrá en funcionamiento un departamento específico para la acogida de aquellas que requieran medidas de apoyo y próximamente implantará una aplicación para dispositivos móviles que facilitará el acceso de este colectivo a sus datos económicos, jurídicos y sociales.
8,3 millones de euros
Además, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 8.298.620 euros al fondo patrimonial de la recién creada AMAPAD, con el objetivo de asegurar el funcionamiento de este servicio público.
La aportación se hará en un pago único sin perjuicio de que, en función de sus necesidades de financiación, se realicen nuevos ingresos.
AMAPAD es el organismo que sustituye a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) de la Comunidad de Madrid para adaptar su funcionamiento al nuevo marco legal, que implica la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de tutela.
La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha señalado que “este organismo surge con el objetivo de implantar este sistema de prestación de apoyos con nuevos principios rectores, criterios de organización y participación, a los que suma el bagaje y experiencia acumulados durante los 26 años de funcionamiento de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, a la que sustituye y que ha prestado atención a más de 15.000 personas”.
Así, su actuación se centra en garantizar el respeto de los deseos y voluntad de los usuarios para promover su máxima autonomía personal. Entre las novedades que se incorporan para avanzar en su bienestar y derechos está la creación de un comité de ética propio, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y de buen gobierno o la constitución de una comisión específica para la participación de las personas con discapacidad apoyadas por la Agencia. También se fomentará la integración y normalización de las personas a las que se preste atención y la información y comunicación a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de apoyos.
Adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Agencia cuenta a día de hoy con un total de 4.305 nombramientos. Ejerce como tutora de 2.904 personas, curatela –protege y guarda a la persona y sus bienes– a otras 846, procura la defensa judicial de 546 y es administrador provisional de 9. El 39 por ciento de los atendidos padece enfermedad mental; un 24 por ciento, discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo; un 16 por ciento, deterioro cognitivo; un 11 por ciento, discapacidad física; y un 10 por ciento, trastornos adictivos.
